Por Fredy Ríos Cumilef
En la última década, el Estado chileno, a través de la ley de pesca, ha favorecido a las grandes empresas pesqueras, las cuales han sobrexplotado los recursos marítimos -si en el año 2001 se pescaban 1.400.000 toneladas de jurel, el año pasado esa cifra sólo bordeó las 300.000 toneladas- lo que en otras palabras ha sido una depredación de la fauna marina, sin tener en consideración aspectos ambientales y sociales.
De esta manera, el pescado como las sardinas o anchoas son propiedad casi exclusiva cuatro grandes conglomerados que concentran cerca del 92% de la capacidad pesquera. En consecuencia, lo que se extrae del mar es destinado a exportación, o en su defecto, termina convertido en harina de pescado. Para los artesanales, poco y nada, quienes se han visto desilusionados con la nueva ley de pesca que está impulsando el Ministro de Economía, Pablo Longueira, la cual asigna las cuotas de pesca para la industria además de la posibilidad de que ésta use las millas marítimas destinadas a las pequeñas embarcaciones.
Las siete familias -Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jimenez, Izquierdo y Cruz- que concentran la industria pesquera, son las que se verán mayormente beneficiadas con la nueva ley. Estas generan utilidades de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Además, las industrias sólo pagan patentes, pero no cancelan suma alguna por los recursos que pescan, es decir, extracción gratuita de los recursos naturales pesqueros.
Por otro lado ¿en qué perjudica al resto de los chilenos? No hay que ser un experto en nutrición para saber que el pescado es un alimento saludable y fundamental para el consumo de las personas por su contenido de Omega 3, el cual es beneficioso, entre otras cosas, para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Pero lamentablemente para la mayoría de las familias chilenas el consumo de pescado es escaso, debido a que su elevado precio ha perjudicado su compra, y como mencioné, su extracción de las costas chilenas es destinada mayoritariamente para la exportación. Por lo tanto, el tema de la Ley de Pesca no es sólo un tira y afloja entre los artesanales y el gobierno, sino un debate para todos los ciudadanos.
En otros países, los gobiernos fomentan el consumo de pescado a través de políticas a favor de la pesca. Lo que falta es un apoyo técnico y financiero que ayude a mejorar las condiciones laborales de los pescadores artesanales, y por otro lado, una política de administración pesquera responsable y comprometida con la sustentabilidad, además de un mayor control y fiscalización, en pos de generar un mercado más competitivo y un comercio más justo para que la extracción de los recursos del mar no siga siendo un cartel a cargo de unos pocos.
@fredyriosc 